¿Qué pasaría si te secuestraran policías vestidos de civil, te torturaran, obligaran a declarar un delito que no cometiste y te encarcelaran por ello? Esa es la historia de la mexicana Yecenia Armenta.

El 10 de julio de 2012, Yecenia, quien había enviudado hacía unos días, madre de dos hijos y ama de casa, salió de su casa en Culiacán (Sinaloa) para llevar a su hermana y cuñada al aeropuerto. Pero en el camino la historia se complicó. De acuerdo con su testimonio, en vía al aeropuerto, policías vestidos de civil interceptaron el vehículo en el que iban, anunciándole que tenían una denuncia de un auto robado, obligaron a las mujeres a dirigirse a vehículos policiales diferentes, separando a Yecenia de las otras dos mujeres. Una vez dentro, fue esposada y su cabeza tapada. Policías ministeriales del estado la interrogaban mientras la golpeaban, exigiéndole que confesara haber participado en el asesinato de su esposo, muerto por disparos en un lugar público una semana antes, pero ella lo negó.
Wafae Charaf, una mujer marroquí de 27 años, activista de los derechos humanos, afirma haber sido secuestrada, tras asistir a una protesta de trabajadores en Tánger, el 27 de abril de 2014. Además, atestigua haber sido golpeada durante varias horas por hombres, quienes la habrían amenazado con más violencia si seguía con su activismo. Wafae presentó la denuncia por tortura ante las autoridades judiciales. Pero la investigación —aún antes de concluir— no señaló a ningún agresor más que a ella misma. Fue recluida y acusada formalmente de «denuncias falsas de un delito» y de difamación, en virtud de los artículos 263, 264 y 445 del Código Penal. El 12 de agosto de 2014, Wafae Charaf fue declarada culpable de todos los cargos. Le condenaron a un año de prisión y a pagar una multa de 1.000 dirhams marroquíes (equivalentes a 120 dólares de EE.UU). También le fue impuesta una multa de 50.000 dirhams (equivalentes a 6.000 dólares) por difamar a las fuerzas policiales de Marruecos, pese a no haberlos acusado. Durante el proceso de apelación, llevado a cabo en octubre, la condena se aumentó a dos años. Wafer se encuentra recluida en la prisión local de Tánger.
Aung San Suu Kyi, nacida en Rangún, capital de Birmania, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz (1991), el Premio Internacional Simón Bolívar (1992), un doctorado honoris causa concedido por la Universidad de Oxford (1993), entre otros reconocimientos. Pero no fue sino hasta 2012 que pudo retirarlos, tras haber pasado más de 15 años de su tercer periodo de prisión domiciliaria que en total sumaron 21 años. Aung San Suu Kyi, era hija de Aung San, un militar y destacado político birmano, Suu Kyi aprendió a temprana edad el respeto por los otros y la importancia de defender los derechos, las libertades y la igualdad. Se diplomó en Oxford, trabajó en la ONU y fue profesora en la India. Regresó a Myanmar en 1988. Al llegar, participó en el «segundo combate en pro de la independencia nacional» inspirado en el ejemplo pacífico de Gandhi y conocida la revolución espiritual que tiene como premisa el diálogo con el otro y la compasión por los humildes. La defensora basó su lucha en la reconciliación de las etnias en su país. Asumió la dirección de la Liga Nacional para la Democracia, y fue sometida a arresto domiciliario por sus actividades políticas. En 1990, la Liga Nacional para la Democracia ganó las elecciones pero las autoridades militares negaron los resultados. La Unión Militar propusó a Suu Kyi irse del país a cambio de su libertad, pero ella se rehusó, continuando su lucha desde Birmania. Estuvo detenida hasta 1995, mas su libertad solo duró unos años, ya que en 2000 fue arrestada nuevamente, hasta 2002. Fue puesta bajo arresto domiciliario una vez más, el 30 de mayo de 2003, tras ser agredida cuando iba en una caravana por Depayin. En este incidente un número indeterminado de personas murieron y decenas resultaron heridas[1]. En 2009 fue enjuiciada, cercana a cumplir su condena, y fue hallada culpable de violar las condiciones de su arresto domiciliario «después de que un hombre que no había sido invitado pasara dos noches en su casa a principios de mayo. El tribunal condenó a Aung San Suu Kyi a tres años de cárcel, conmutados a 18 meses de arresto domiciliario, menos del máximo de cinco años de privación de libertad permitidos por la ley»[2]. Finalmente, fue puesta en libertad en 2010. Es Embajadora de Conciencia de Amnistía Internacional (2009). Durante todos los años de arresto, Aung San Suu Kyi actuó acorde a sus convicciones, haciendo constantes llamados a la no violencia, a la defensa de los derechos humanos, a la no polarización.