3 años fuera de la Corte Interamericana: La mayoría de la población venezolana ignora la gravedad del asunto


La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es el órgano encargado de promocionar y proteger los derechos humanos de todas las personas que viven en el continente americano. Es el órgano al cual acuden las víctimas de violaciones de derechos humanos cuando se agotan las instancias internas; es decir, cuando no pueden acceder a la justicia a través de los medios regulares en su propio país.

Hoy, 10 de septiembre, Venezuela cumple 3 años fuera de la CIDH y, por ende, sus ciudadanos fuera de la protección de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “Convención”), tratado en el cual se reconocen derechos humanos universales y que sirve como puente para juzgar a los Estados que han violado derechos humanos.

El resguardo de estos derechos se obtiene a través de un sistema de protección internacional que está compuesto por dos organismos: la Comisión y la Corte. El primero es el encargado de investigar las denuncias que llegan contra los Estados parte; la segunda, determina cuándo los Estados han incurrido en violaciones de derechos humanos.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela habla, una y otra vez, sobre el respeto y resguardo de los derechos humanos. De hecho, el artículo 23 dice que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela —como la Convención— «tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público».
Para más claridad, el artículo 339 menciona expresamente a la Convención. Entonces, ¿por qué el Estado ha actuado contra su propia Constitución?
En varios casos que ascendieron hasta la CIDH, la Corte votó a favor de las víctimas, haciendo responsable al Estado de Venezuela de violar los derechos humanos de sus ciudadanos. En varias ocasiones, el difunto presidente Hugo Chávez Frías aseguró que el organismo atropellaba la dignidad del pueblo venezolano. En 2012 anunció que Venezuela se retiraría de la CIDH, y ese mismo año, el 06 de septiembre, se introdujo ante la OEA la denuncia de Venezuela contra la Corte.
La Convención, en su artículo 78.1 concede un lapso de un año para que dichas denuncias sean efectivas. El plazo venció el 10 de septiembre de 2013, fecha desde la cual Venezuela dejó de ser un Estado parte de la CIDH.
Víctimas en peligro
El Caracazo forma parte de la historia de Venezuela como uno de los actos más represivos contra la población. Este caso fue llevado ante la CIDH. En agosto de 2002 la Corte emitió una sentencia de reparaciones ordenando al Estado venezolano la adopción de una serie de medidas para reparar e indemnizar a las víctimas directas, sus familiares y a la sociedad en su conjunto.
Miles de personas en América Latina han visto afectadas sus vidas por los excesos y abusos de los cuerpos de seguridad del Estado, quienes se suponen deberían protegerlos.
Así como sucedió con el Caracazo, la Corte Interamericana ha sido fundamental en el logro del procesamiento de casos graves en toda Latinoamérica. La CIDH ha fallado a favor de víctimas en casos de Venezuela en repetidas ocasiones y ha sentenciado que se tomen medidas a favor de personas privadas de libertad, víctimas de grupos parapoliciales de exterminio en poblados del interior del país, defensoras y defensores de derechos humanos y víctimas de torturas y ejecuciones extrajudiciales[1].
Que Venezuela se haya desvinculado de la Comisión hace que la protección de los derechos humanos de todos sus ciudadanos vaya en detrimento, ya que pierden la posibilidad de denunciar violaciones y exigir justicia.
Desde el 10 de septiembre de 2013, las violaciones a los derechos humanos no son valoradas bajo la Convención.
Esta decisión afecta a todos los venezolanos y venezolanas que han sido o serán víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Que Venezuela se haya retirado de la Convención es un ataque a la democracia del país, ya que pone al Estado por encima de los derechos humanos, y estos últimos constituyen el pilar sobre el cual se yergue la democracia tal cual la conocemos.
El Estado venezolano debe reconsiderar la decisión tomada hace 3 años, por el bien de las víctimas. La corrupción, el abuso de poder y los excesos en contra de los ciudadanos y ciudadanas no pueden quedar impunes. Si nos desvinculamos de los tratados que antes hemos suscrito y ratificados somos vulnerables, y aunque el mundo nos vea estará impedido a hacer algo a favor de las víctimas.
¡No podemos renunciar a nuestro derecho de apelar y exigir justicia!

Por Alexandra Perdomo (@amnistia)


[1] Molina, V. (09/09/2015). Venezuela necesita regresar al amparo de la CorteIDH. Blog de Amnistía Internacional Venezuela. Disponible en: http://www.amnistia.ong/profiles/blogs/venezuela-dos-anos-fuera-del-amparo-de-la-corteidh