10 may. 2016

Violencia armada en Venezuela: Hijos matan a sus propias madres


Venezuela es el segundo país más violento del mundo. El descontrol de las armas se cobra la vida principalmente de varones, en las edades comprendidas entre los 14 y 40 años. Sin embargo, la psicóloga social, criminóloga y doctora en Estudios del Desarrollo, Magally Huggins, quien es investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo de la UCV, explica que las mujeres no escapan de este fenómeno. «Las mujeres básicamente son víctimas del feminicidio, es decir, se les asesina por ser mujeres o, por ejemplo, por ser una mujer vinculada a un agresor. El agresor favorito, el más visible, es el marido (o el ex), el novio (o el ex), y últimamente, en la situación país que tenemos y con la violencia generalizada que estamos viviendo, está apareciendo en los medios madres que son asesinadas por sus hijos, sea porque es consumidor de drogas y la madre no le provee el dinero para su consumo o porque les niega el acceso al hogar porque son dañinos».

Desde el punto de vista de género, para Huggins la situación es muy grave puesto que los asesinatos de mujeres por armas de fuego se han duplicado en los últimos años y aun en los casos en los que ellas no sean víctimas directas de la violencia sí son víctimas secundarias de la misma. Las mujeres son las dolientes fundamentales de las decenas de muertos que caen a diario en nuestro país. Ellas no solo sufren un duelo traumático sino que además quedan con una gran carga tanto económica como social, porque pueden perder a sus esposos y recae en ellas todas las responsabilidades del hogar, además de lidiar con las consecuencias emocionales en un grupo familiar donde hay niñas, niños y adolescentes.

Por lo general los jóvenes, niñas y niños del hogar que no tienen un apoyo que los ayude a manejar la situación pueden terminar buscando venganza por la muerte de su familiar. Entonces la sociedad culpa a las madres de no cumplir con su labor por no haber evitado eso, cuando la realidad es que ellas están imposibilitadas para hacer más.
La consecuencia de esto es que las mujeres son básicamente las que están en las comunidades, viven y trabajan en el barrio, viven de la poca cosa que pueden hacer y a la vez están viviendo el terror, porque ya no es miedo, de que alguno de sus hijos sea asesinado por armas de fuego o que puedan entrar en una carrera de violencia, lo cual no les garantiza nada más que una vida corta. Y eso es grave para las mujeres, sean abuelas, tías, primas, hermanas, o las madres propiamente.

Para colmo, las venezolanas se están haciendo madres cada vez más jóvenes. En 2014, de cada 100 embarazadas, 25 eran adolescentes[1]; cifra récord en Sudamérica. Cuando a eso le sumamos los jóvenes asesinados, tenemos adolescentes viudas y niñas y niños huérfanos que ni siquiera llegan a conocer a su progenitor. Las mujeres, además, no consiguen una respuesta oficial ni tiene acceso a la justicia, entonces «claman a la justicia divina porque saben que el sistema de justicia venezolano no funciona», concreta Huggins.

Son, en resumen, las mujeres quienes están llevando el peso de la destrucción de un tejido social donde nunca ha habido una política pública que apoye a la familia ni a la mujer, que la haga sentir sujeto de derecho y que tiene todo el derecho a una vida digna.

Para Huggins, la violencia dentro del hogar es también caldo de cultivo de violencia en todos los ámbitos, que sumado a la gran cantidad de armas que circulan en nuestro país se traduce en cifras mortales con dimensiones de epidemia. «La violencia intrafamiliar es una estela de la violencia. Los hijos cuyas madres son violentadas en el hogar reproducen esa violencia, con alta probabilidad de desarrollarse en otras esferas, entonces esa mujer queda nuevamente victimizada. Esos jóvenes van creciendo y se van convirtiendo en delincuentes que van con la pistola en la mano».


¿Qué explica tantas armas?

El Gobierno necesita meterse en su rol. En Venezuela vemos un déficit de Estado y así se complejiza demasiado controlar algo que parece no quererse controlar. Huggins considera que una política pública tiene que ser coordinada, amplia. Es necesario encontrar a quienes trafican las armas y recogerlas. Pero para que esto funcione hay que, en primer lugar, tener un sistema de justicia que no se dedique exclusivamente a la impunidad, «a dejar hacer y dejar pasar. Porque el problema que tenemos ahorita es que aquí no existe un sistema de normas que funcione. Tienes que tener un sistema de justicia que funcione, que frene el tráfico de armas y que frene la corrupción en general». Es justamente de la corrupción de donde salen las armas.

De igual manera, Huggins acota que «como Estado tienes que montar un sistema de educación que acabe con la educación de la violencia y para la violencia». Los prisioneros, a juicio de la doctora Magally, «ya parecen un ejército de reserva. Pero las armas deben serle quitadas no solo a los delincuentes, sino también a los colectivos. El problema es muy complejo, pero esto no implica que no se puedan cumplir pequeñas medidas en pequeños plazos, no obstante, debe haber voluntad».
Magally Huggins no teme levantar su voz cuando se trata de este tema, que tanto ha trabajado, sobre todo a favor de las víctimas de la violencia armada, y con firmeza asevera: «Si los militares tienen las armas, y esas armas aparecen en manos de grupos armados y delincuentes, entonces estamos hablando de un Estado que está delinquiendo, que está violentando a la ciudadanía».

Ahora también nos enfrentamos a este nuevo sistema denominado Operativo Liberación del Pueblo (OLP), que según la experta «es como una pena de muerte ilegal, muy parecida a la antigua ley de vagos y maleantes. En estos operativos asesinan a los delincuentes, sin eufemismos. Y cuando se asesina de esa manera a un delincuente, se prende la llama de la venganza, porque amenazas el derecho a la vida de los otros. Eso no resuelve el problema. Así como no resuelve el problema quitarles las armas a los delincuentes y no detener el tráfico de armas».


Nos enfrentamos a un problema social, que demuestra una grave ausencia de política de Estado. Se requiere la implicación de todas las instituciones para poner orden. En esa lucha debemos abogarnos para acercarnos al control de armas y el cese de su tráfico. Las mujeres debemos adquirir un rol activo en estos cambios porque la situación que vive el país nos afecta más que nunca.

Por Alexandra Perdomo (@amnistia)
Foto: Andrey Kuzmin shutterstock.com




[1] El Universal. (29/09/2014). En Venezuela, 25 de cada 100 embarazadas son adolescentes. Disponible en: http://www.eluniversal.com/vida/140929/en-venezuela-25-de-cada-100-embarazadas-son-adolescentes

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