20 abr. 2015

Audiencia de Bolivia en la CIDH: derecho a la verdad y la justicia

La audiencia «Derecho a la verdad, justicia y reparaciones por las violaciones de derechos humanos de las dictaduras militares en Bolivia», tuvo lugar este 19 de marzo, durante el 154 periodo de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA (Organización de los Estados Americanos). La misma contó con la participación de las organizaciones Plataforma de Luchadores Sociales contra la Impunidad, por la Justicia y la Memoria del Pueblo Boliviano; la Unión de Víctimas de Violencia Política; el Movimiento de Mujeres Libertad; la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia (Asofamd); Amnistía Internacional y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
En la audiencia, las organizaciones solicitantes presentaron a la CIDH información sobre los insuficientes avances de Bolivia en el cumplimiento efectivo de sus obligaciones referidas a la búsqueda de verdad, justicia y reparación por las graves violaciones de derechos humanos cometidos en Bolivia durante los regímenes militares entre 1964 y 1982.
Durante este periodo, Bolivia tuvo más de 10 gobiernos dictatoriales, años en los cuales ocurrieron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y el exilio de miles de personas. Las organizaciones mostraron preocupación porque, pese a que han pasado más de 30 años desde el fin de los regímenes militares, Bolivia sigue sin avanzar en materia de verdad y justicia para las víctimas. Dichas organizaciones tienen años alertando sobre este asunto, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Los defensores de los derechos humanos indicaron que en julio de 2007 se presentó ante la CIDH información relevante sobre la ineficacia por parte del Estado para esclarecer los hechos. Ese mismo año la Comisión publicó un informe sobre la situación de la administración de justicia en Bolivia, al que dio seguimiento en el 2009. En esos informes, se indicó la persistencia de los obstáculos para esclarecer los hechos y alcanzar la justicia.

Los portavoces denunciaron que en Bolivia no existe un mecanismo para el esclarecimiento de la verdad en lo ocurrido durante los 18 años de dictaduras, que además contribuya a la justicia y a la reparación integral. Las organizaciones peticionarias pidieron a la CIDH que recomiende al Estado de Bolivia:
  1. Crear una comisión de la verdad, justicia y reparación, construida y acordada con las organizaciones de víctimas, asegurando que su objeto, conformación, mandato y ejecución sean concordantes con los estándares internacionales.
  2. Poner a disposición los medios humanos y económicos suficientes para proseguir en las investigaciones y causas penales abiertas, e iniciar los procesos judiciales que sean necesarios.
  3. Asegurar un mecanismo y proceso que de manera sostenida, y con fondos adecuados, trabaje en la búsqueda y determinación del paradero de las víctimas de desaparición forzada.
  4. Garantizar la apertura de archivos y acceso de documentos —en particular los archivos militares— a las víctimas, familiares y fiscales encargados de investigar las violaciones de derechos humanos en Bolivia.
  5. Reabrir el proceso de calificación de las víctimas para permitir una revisión de casos conforme a los estándares internacionales y crear una nueva etapa para que otras víctimas puedan presentar sus antecedentes sin trabas injustificadas, asegurando medidas para atender las necesidades de grupos específicos como mujeres, campesinos, indígenas, entre otros.
  6. Adoptar una política de reparación integral, que garantice a las víctimas un resarcimiento económico proporcional a la magnitud del daño causado; un sistema de apoyo psicológico y tratamiento médico especial para las víctimas, atendiendo las necesidades específicas y medidas simbólicas de reparación, respetando sus derechos y los de los familiares.
Según los datos ofrecidos por los defensores, en Bolivia ocurrieron, aproximadamente, más de 150 desapariciones forzadas. Además, 43 personas de nacionalidad boliviana fueron detenidas en países vecinos y posteriormente desaparecidas en el marco de la Operación Cóndor. Por otra parte, hace 12 años se creó el Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas  (CIEDEF) y los resultados, a la fecha, evidencian su ineficacia. Las organizaciones de derechos humanos no han tenido acceso a la información consolidada del número de restos identificados y no identificados, que se encuentran en poder del Estado o han sido entregados a sus familiares.
El vocero de la Plataforma de Luchadores Sociales denunció que la Ley de Resarcimiento a Víctimas de la Violencia Política[1], promulgada en el 2004, no fue un mecanismo eficaz encaminado a la reparación integral de las víctimas. «La ley estableció un proceso para obtener un reconocimiento del Estado como víctima y acceder a un conjunto de medidas de reparación como el otorgamiento de honores, atención médica gratuita, resarcimiento económico, entre otros. La ley sólo reconoció como hechos a resarcir: la detención y prisión arbitraria, el exilio o destierro, la muerte, en el país o en el exterior, por razones de violencia política, la desaparición forzada y la persecución por razones político-sindicales. Las torturas, lesiones o incapacidades calificadas, sólo constituyeron factores agravantes».
Para abril de 2006, se habían recibido más de 6 mil solicitudes. En agosto de 2007, se dictó un decreto que establecía nuevos requisitos mínimos para ser calificados como víctima, los cuales debían cumplirse en plazos muy breves. Esto redujo los casos a 1714 en mayo de 2012. Este mecanismo de reparación desconoce los estándares internacionales sobre reparación integral y tiene problemas graves en su diseño e implementación.
En la audiencia participaron la ministra de Justicia de Bolivia, Virginia Velazco, y el subprocurador, Pablo Menacho, en representación del Estado. En su intervención, la Ministra mencionó las investigaciones llevadas a cabo desde el Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas  (CIEDEF), en conjunto con el Ministerio Público, con el apoyo del Instituto de Investigaciones Forenses y el Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas, para la recuperación de restos óseos de personas desaparecidas.

Por su parte, el Subprocurador aseguró que hay un proyecto de ley de comisión de la verdad, que fue presentado en el año 2013, ya revisado por la cámara de senadores y que actualmente se encuentra en revisión por parte de los diputados. Aseveró que mientras esta ley no se apruebe, está abierta a discusión y perfeccionamiento. Llamó al trabajo mancomunado entre el Estado y las organizaciones de derechos humanos.
Por último, Paulo Vannuchi, relator de Bolivia para la audiencia de la CIDH, argumentó que el país vive un ejemplo mundial de trabajo por la verdad. Además, invitó a ampliar los caminos para seguir adelante en las reivindicaciones de las víctimas.
Por Alexandra Perdomo (@amnistia)

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