La operación militar que azotó a América Latina


Entre 1960 y 1980, la mayoría de los países latinoamericanos eran gobernados por dictaduras militares —salvo Venezuela y Colombia—. Durante estos años, Sudamérica se vio marcada por desapariciones forzosas de opositores políticos y detenciones arbitrarias, además que la tortura era aplicada de forma cotidiana. Estos mecanismos de violencia se convirtieron en una política sistemática de los gobiernos militares de turno. La mayoría de esas acciones represivas estaban encuadradas en una estrategia que contaba con la participación de la CIA y se implementaba a través de la Escuela de las Américas (hoy Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad) que tenía Estados Unidos en Panamá, y formaba a militares de todo el continente en la práctica de interrogatorios, torturas y represión.
En el marco de estas dictaduras militares, los gobiernos de turno en Chile (Augusto Pinochet), Argentina (Massera, Videla, Agosti), Brasil (Emílio Garrastazu Médici), Uruguay (Juan María Bordaberry), Bolivia (Hugo Banzer) y Paraguay (Alfredo Stroessner) coordinaron entre sí poner en marcha un operativo que convirtió el sur de las américas en campos de tortura, con múltiples desapariciones y asesinatos, además de construir una vía expedita para traspasar información y detenidos. Este plan recibió el nombre de «Operación Cóndor», una estrategia dictatorial que causó dolor, angustias y amarguras, cuyas reminiscencias siguen vivas. Otros países, como Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela también se vieron involucrados en este plan, sólo que de forma más esporádica y menos directa. Los gobiernos involucrados recibieron la asesoría directa de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos.
Los casos más graves se produjeron en el Cono Sur, específicamente en Argentina y Chile. Lisandro Raúl Cubas, documentador de derechos humanos de Amnistía Internacional, comenta que «según las organizaciones de derechos humanos locales, en Argentina hubo 30 mil desaparecidos, 10 mil presos políticos y la práctica de la tortura era habitual. Se utilizaban todo tipo de torturas, desde la picana eléctrica, capuchas, lugares clandestinos de detención donde las personas podían estar meses o quizás hasta años, sin ver el sol, ni tener acceso a abogados. Muchos de los casos de apresamiento no fueron comprobados y generalmente los detenidos eran asesinados y lanzados al mar desde aviones o enterrados en fosas comunes. En Chile la represión también fue considerable. Hubo unos 3 mil desaparecidos y una cantidad de presos políticos similar. En menor medida, Uruguay, Brasil y Paraguay fueron víctima de situaciones semejantes a las de Argentina y Chile. En esa época no funcionaban los mecanismos de justicia. Ningún juez respondía por lo general a las solicitudes de habéas corpus (institución jurídica que intenta evitar arrestos arbitrarios) para ubicar a los detenidos, lo que permitía que la tortura se aplicara de manera corriente y sin control por parte de la defensoría del pueblo o fiscalías».

Represión sudamericana
Los ciudadanos de América Latina —principalmente los opositores a los regímenes— se encontraban al acecho del Cóndor.  En cuanto a los secuestros y detenciones de personas, Argentina y Uruguay mantuvieron un fuerte nexo con el traspaso de presos de un país a otro. Uno de estos casos fue el del pianista argentino Miguel Ángel Estrella, quien estaba exiliado en Uruguay. Junto con él detuvieron a unas 12 personas más durante un operativo, de las cuales 4 (Estrella y otros 3) fueron detenidos legalmente. Se quedaron en ese país bajo procesos legales. Los otros fueron secuestrados y torturados, y enviados ilegalmente a Argentina. Cubas agrega que «dos de esas personas eran Oscar De Gregorio, quien había sido uno de los miembros fundadores de la organización “Descamisados” (fusionada con Montoneros a fines de 1972), y su pareja Rosario Quiroga». En palabras de la misma Quiroga, quien logró sobrevivir y reside en Venezuela, la trasladaron a Buenos Aires y fue conducida a la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), donde se le asignó el número 046. Oscar De Gregorio, también fue secuestrado y llevado a la ESMA, en su caso gravemente herido de bala en el abdomen. «Los miembros del GT (Grupo de tareas), tenían una relación especial con la persona que habían buscado o secuestraban, y las visitaban con frecuencia durante el cautiverio. Una de las metodologías que tenía el GT era hacerle creer al secuestrado que iba a vivir, darle esperanzas de vida propia y de vida para cualquier otra persona de la que le dieras información. Saber que De Gregorio estaba vivo era una forma de dejarme tranquila de que ellos y yo íbamos a vivir. Era la forma concreta que tenían para sacarnos información.»[1] Degregorio fue asesinado dentro de la ESMA y hasta hoy continúa desaparecido.

Otro caso relevante fue el arresto de Horacio Domingo Campiglia y Mónica Susana Pinusen, en 1980, al llegar a Río de Janeiro desde Panamá. «En este momento ese caso está siendo investigado, junto al de otros 6 desaparecidos, en Argentina y por la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) en Brasil», ratifica el investigador de AI. También hubo casos públicos de argentinos secuestrados en Paraguay e, inclusive, hace un par de años atrás se descubrieron archivos de la inteligencia paraguaya (los «Archivos del Terror», que dan cuenta de la dictadura de Alfredo Stroessner) con fichas de ciudadanos argentinos y uruguayos en ese país, además de paraguayos perseguidos por sus ideales, que daban cuenta de la Operación Cóndor. Aparte, dichos archivos, descubiertos por el abogado y defensor de los derechos humanos, Martín Almada en 1992, contenían las comunicaciones escritas que mantenían los países miembros de la operación.
En Chile también fue común la desaparición y asesinato de importantes políticos opositores. Por ejemplo, el General Carlos Prats y su esposa fueron víctimas de un atentado con coche bomba en 1974, en Buenos Aires, donde vivían en el exilio. Orlando Letelier, ex ministro del gobierno de Allende, también fue asesinado por la explosión de un coche bomba en Washington, en 1976.
Paraguay participó activamente con el secuestro de ciudadanos argentinos, uruguayos, chilenos, bolivianos y de otras nacionalidades, quienes luego eran enviados a sus respectivos países para ser torturados y asesinados. «En pago por estos favores, los militares argentinos, por ejemplo, asesinaron a 54 paraguayos exilados en ese país. Investigaciones posteriores han indicado que los militares paraguayos se incorporaron a las actividades de Cóndor a partir de julio de 1976, a través del Coronel Benito Guanes Serrano, jefe de los Servicios de Inteligencia del Ejército. Tal fue el nivel de represión desatada por Stroessner, que 360 mil personas, de un total de tres millones de habitantes, pasaron por las prisiones, y casi el 50 % de los paraguayos tuvieron que exilarse para escapar de la represión.»[2] Además, la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), que investigó los crímenes y abusos cometidos durante ese período, estima que unas 425 personas fueron ejecutadas o desaparecieron.
Al descubierto
Hace 10 años atrás el gobierno norteamericano desclasificó informes de la CIA y organismos de inteligencia que daban cuenta de la Operación Cóndor, además están los Archivos del Terror, los cuales presentaban evidencias de las detenciones de personas, reuniones entre los altos mandos de la marina entre Argentina y Uruguay, las fichas de políticos de oposición para su persecución y secuestro, sumando la implicación de la CIA en el plan. Se entiende así la estancia de la agencia en Montevideo, donde «elaboró listados y ejerció permanente control sobre los más destacados activistas y opositores al gobierno de turno. Fue la CIA la que facilitó las coordinaciones entre los militares uruguayos y sus similares de Chile y Argentina, dando lugar a las ya analizadas operaciones conjugadas entre ellos que estaban previstas en la Operación Cóndor. Como ejemplo, puede destacarse que un  numeroso grupo de 32 uruguayos y argentinos, detenidos en la cárcel secreta de "Automotoras Orletti", fue enviado al Uruguay en octubre de 1976 y allí posteriormente ultimados. Tal fue la confabulación de los militares y grupos civiles de poder, asociados con militares del Cono Sur y contando con la venia y apoyo de los Estados Unidos. Prueba de ello fue que, en 1969, la agencia envió a Uruguay al conocido torturador Dan Mitrione. Por su parte, el FBI colaboró en el entrenamiento de muchos sicarios y torturadores en técnicas de tortura y “persuasión”, intercambio de información, comunicaciones y capacitación policial en general.»[2]
El camino de la justicia
El informe de la CNV, publicado en diciembre de 2014, indica la existencia de bases brasileñas en varias capitales del exterior: Asunción, Montevideo, Santiago de Chile, París, Lisboa, Praga, Moscú, Varsovia y Berlín. «Además, la Comisión encontró indicios de bases en Caracas, La Paz y Lima. El delegado Sérgio Fleury, uno de los jefes de la represión, viajó a países vecinos con conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, según el informe, que señala que el policía brasileño estuvo en Francia, Uruguay, Argentina y Chile.»[3]
En Argentina los juicios tardaron más de 30 años. La dictadura concluyó en 1983, con el gobierno democrático de Raúl Alfonsín (1983-1989). Para entonces se llevó a juicio a los integrantes de la Junta Militar, que eran los jefes de la dictadura de turno. La conclusión del mismo fue una cadena perpetua para Videla, Massera y Agosti. Posterior, se pensaba iniciar juicios para los militares que actuaron en la cadena de mando. En el período presidencial de Carlos Menem (1989-1999) se aprobó un indulto que perdonó a las juntas militares que estaban presas y exculpó a los militares de bajo rango. Fue en el año 2004, bajo la gobernanza de Néstor Kirchner (2003-2007), ya siendo considerados delitos de lesa humanidad, que se reiniciaron los juicios, que aún hoy se llevan a cabo.
Sin la ayuda de Estados Unidos, ningún país de la región habría conseguido organizar el sistema de la Operación Cóndor. Se sabe, por ejemplo, que la CIA proporcionó la tecnología puntera usada en la producción y utilización de una base de datos común a todos los países miembros. En Argentina y Paraguay, una comisión de fiscales se reunieron este mes de febrero, en Asunción, para coordinar tareas de identificación de los restos óseos encontrados en enero, cerca de la confluencia de los ríos fronterizos Paraguay y Paraná. Lo que pretenden los especialistas es averiguar si los restos corresponden a víctimas de las dictaduras de la época, y su posible relación con la Operación Cóndor.[4] De ser positivo, esto conllevaría a investigaciones más profundas, que permitirán seguir esclareciendo casos de las víctimas de este plan.
El 12 de febrero Italia celebró la primera audiencia del «proceso Cóndor», con la que se estaría esclareciendo el asesinato y la desaparición de una veintena de italianos, en el marco de esta operación, en países de América Latina. «La acusación recae en el fiscal Giancarlo Capaldo, que lleva más de una década investigando la desaparición y muerte de estas personas de origen y nacionalidad italiana. Los imputados son 32 antiguos miembros de las Juntas Militares de Bolivia (1), Chile (11), Perú (4) y Uruguay (16), y la mayoría ha rechazado declarar personalmente ni mediante videoconferencia, por lo que se les ha asignado un abogado de oficio.»[5]
Las luchas por aclarar y desmantelar todas las atrocidades cometidas en el marco de la Operación Cóndor son el reflejo de la lucha por la justicia, por más tardía que sea. Son miles de víctimas que fueron torturadas, asesinadas o desparecidas, cuyas historias deberán ser contadas.
Para los interesados en profundizar sobre este tema, recomendamos el artículo de Melisa Slatman, «Un ejercicio cuantitativo y cualitativo sobre la desaparición y ejecución extraterritorial de ciudadanos argentinos en el Cono Sur».
Por Alexandra Perdomo (@amnistia)


[1] Télam (Agencia Nacional de Noticas). Exhaustiva declaración de la sobreviviente de la ESMA Rosario Quiroga, desde Caracas. 06 de julio de 2013. Disponible en:http://memoria.telam.com.ar/noticia/esma--exhaustiva-declaracion-de-rosario-quiroga_n2771 (26 de febrero de 2015)
[2] ALAI, América Latina en Movimiento. El FBI y la Operación Cóndor. (2010) Disponible en:http://alainet.org/active/38024&lang=es (24 de febrero de 2015)
[3] El País. Represión más allá de las fronteras. 13 de diciembre de 2014. Disponible en:http://internacional.elpais.com/internacional/2014/12/10/actualidad/1418234137_083738.html (25 de febrero de 2015)
[4] La Voz. Fiscales argentinos y paraguayos buscan identificar restos óseos descubiertos. 10 de febrero de 2015. Disponible en: http://www.lavoz.com.ar/politica/fiscales-argentinos-y-paraguayos-buscan-identificar-restos-oseos-descubiertos (25 de febrero de 2015)
[5] El Universal. Comienza el proceso por la Operación Cóndor en Italia. 12 de febrero de 2015. Disponible en: http://www.eluniversal.com/internacional/150212/comienza-el-proceso-por-la-operacion-condor-en-italia (25 de febrero de 2015)